Hay una relación cíclica entre el acceso a la justicia y la desigualdad, no es sencillo responder a la pregunta sobre cuál es causa de la otra, es decir ¿qué es primero? ¿el huevo o la gallina? Nos hacemos esta pregunta desde Arcana porque vemos que las desigualdades son barreras de acceso a la justicia y, así mismo, la ineficacia del sistema de justicia crea y profundiza desigualdades.
El acceso a la justicia es un derecho fundamental que guarda estrecha relación con la garantía de otros derechos. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2007), la existencia de recursos judiciales efectivos está directamente vinculada a la posibilidad real de exigir y proteger los derechos económicos, sociales y culturales.
En Colombia, a pesar de contar con una abundante normativa, mecanismos procesales y operadores de justicia, las necesidades de justicia de la población continúan insatisfechas. Según la Corporación Excelencia en la Justicia (2022), el 62,7% de los colombianos considera que no se garantizan los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad. Esta percepción refleja una realidad social e institucional que evidencia que, a pesar de lo establecido en la Constitución Política de 1991, algo está fallando.
La insatisfacción de la población se relaciona con los desincentivos creados por el sistema de justicia para acudir a él. Problemas transversales como la mora judicial, es decir los retrasos y demoras en la resolución del caso que impiden el avance del proceso legal y prolongan el tiempo que lleva resolver el asunto, impiden encontrar soluciones satisfactorias y oportunas a las necesidades jurídicas. Lo cual, se asocia a que el ritmo de crecimiento de demanda de la justicia es más acelerado que el aumento en el personal, como lo menciona la magistrada Natalia Ángel Cabo (2022). Agregando también que, la alta conflictividad en el país tiende a resolverse judicialmente, en lugar de acudir a mecanismos alternativos.
Estas dificultades afectan tanto a la población vulnerable como a otros grupos. Además, existen problemas focalizados, como la falta de empoderamiento legal en personas de bajos recursos y el temor de las víctimas a represalias por parte de quienes violentan sus derechos, especialmente en mujeres, población LGBTI, víctimas del conflicto y afrocolombianos (La Rota, et al., 2014).
El empoderamiento legal tiene una correlación con el conocimiento que se transfiere a los ciudadanos. En un estudio realizado en 2014 por el Centro de Estudios Jurídicos y Sociales de Dejusticia, se señaló que las personas con menor nivel educativo reciben menos asistencia legal en comparación con otros grupos de la población. Estas personas tienden a desistir en mayor proporción de recurrir a la ruta institucional para resolver sus necesidades jurídicas y logran concretar acuerdos directos entre las partes con menor frecuencia.
Lo grave, es que el aparato de justicia no logra prever y superar adecuadamente las desventajas mencionadas, en especial, de los grupos en condición de vulnerabilidad para suplir sus necesidades jurídicas.
La baja capacidad de respuesta profundiza en la cultura colombiana la famosa frase “es mejor dejar así”, frente a situaciones que implican acudir a instancias judiciales. Según la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana, en 2019 solo 3 de cada 10 víctimas de un delito en Colombia denunciaron el hecho ante una autoridad competente. Las razones más comunes para no denunciar incluyeron la falta de confianza en la administración de justicia, la percepción de que las autoridades no toman medidas, la consideración de que es innecesario y, otras razones, como la complejidad, la demora de los trámites o el desconocimiento del proceso de denuncia. Esto no sólo ocurre en el ámbito penal sino también laboral, administrativo, civil, agrario y de familia.
En relación las dificultades económicas, el Índice de Acceso Efectivo a la Justicia (2017), señaló que al preguntar a la ciudadanía las razones por las cuales no acudió al sistema de justicia, encontró que en las clases “pobres” y “vulnerables” el 24% y 22%, respectivamente, no lo hizo porque era muy costo, mientras que para la “clase alta” la razón del costo representaba menos del 4%.
Por lo tanto, los derechos de los colombianos no se están garantizando, no solo por las debilidades propias al interior del sistema de justicia, sino por la falta de previsión en las dificultades que enfrentan aquellas poblaciones más desfavorecidas y marginadas. Además, habría que decir que, aunque en muchos casos se obtienen decisiones judiciales, en la mayoría, estas no logran resolver la problemática real. Así lo señala la Encuesta de Necesidades Jurídicas al indicar que, “si bien el 90% de las decisiones judiciales se cumplieron, sólo el 41,5% de las personas encuestadas reportó que la decisión solucionó su problema” (Hernández, 2022).
Considerando todo lo expuesto, es crucial abordar estos retos desde una perspectiva integral, donde se entienda el acceso a la justicia como medio y fin, necesario para “transformar las relaciones de poder que perpetúan la exclusión, la pobreza y la subordinación de grupos tales como mujeres, presos, indígenas, migrantes, discapacitados, menores, ancianos, población de bajos ingresos, etc.” (PNUD, 2005, p.7).
En consecuencia, se necesitan medidas hacia adentro y hacia afuera del sistema de justicia. Respecto a las primeras medidas –hacia adentro– se destaca el elemento de política pública y de ética pública. Sobre la política pública, la Decana de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, Diana Carolina Olarte-Bácares y el profesor de la misma facultad Juan Carlos Botero, identifican como imperioso el “establecimiento de un diseño de política pública de acceso a la justicia en Colombia, que redistribuya las competencias de los operadores de justicia, buscando procedimientos más rápidos y simples al servicio de la comunidad” (2022, p.11). También consideramos primordial el fortalecimiento de la ética pública, pues La Rota et al. (2014) encontraron graves casos en donde las autoridades tomaban una actitud ofensiva en contra de los ciudadanos dejando ver sus prejuicios asociados al género, orientación sexual o raza.
Ahora bien, las segundas medidas –hacia afuera– implican dirigir la atención hacia la promoción de la educación jurídica y la capacitación legal en sectores de la población con menor nivel educativo, a fin de empoderarlos y facilitar su acceso a la justicia. Es necesario que estos ciudadanos que han tenidos menos oportunidad en el acceso a educación adquieran los conocimientos y habilidades legales necesarias tanto para conocer sus derechos, los de sus comunidades, y los recursos legales para defenderlos y ejercerlos.
Estamos convencidos de que, para lograr un acceso equitativo a la justicia, es necesario abordar las desigualdades económicas, educativas, de género, de pertenecía étnica y racial, entre otras. De igual forma, reconocemos que la garantía de justicia sin importar quién la requiere, debe intentar hacerse judicial y extrajudicialmente.
Si bien las instituciones estatales requieren reformas que lo logren, es posible contribuir a este cambio como miembros de la sociedad civil y empresas que decidan comprometerse por actuar justamente con los demás sin distinción alguna, así como contribuir a crear mecanismos de resolución justa de diferencias y ayudas para sus miembros más vulnerables, pues cuando las células cambian, el cuerpo cambia, Esto puede contribuir a reducir las brechas existentes e incidir en políticas para garantizar que todas las personas tengan igualdad de oportunidades en el acceso a la justicia y la protección de sus derechos.
Es evidente que, mientras el acceso a la justicia no se garantice de manera universal e igualitaria, no será posible avanzar democráticamente hacia un Estado Social de Derecho menos desigual. Para lograr una sociedad justa que cumpla con el derecho a la igualdad, es esencial eliminar los obstáculos y desincentivos que dificultan el acceso a la justicia. Esto implica abordar la desigualdad de oportunidades, promover el empoderamiento legal de los ciudadanos y garantizar un sistema de justicia eficiente y confiable.
Desde Arcana buscaremos visibilizar y esclarecer, con ayuda de académicos y ciudadanos, la relación entre acceso a la justicia y desigualdad, mientras tanto, es necesario trabajar en el huevo y en la gallina por igual.
Este artículo ha sido escrito por Lunna Murcia y editado por María Fernanda Naranjo.
Referencias
Ángel, C. N. (2022). Balance de la gestión judicial en Colombia. En Corporación Excelencia en la Justicia, Radiografía CEJ Análisis de la Justicia en Colombia a Partir de las Cifras. https://cej.org.co/wp-content/uploads/2022/03/RADIOGRAFIA-CEJ.pdf
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2007). El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Estudio de los estándares fijados por el sistema interamericano de Derechos Humanos. https://www.cidh.oas.org/countryrep/accesodesc07sp/Accesodescindice.sp.htm
Corporación Excelencia en la Justicia. (2022), Radiografía CEJ Análisis de la Justicia en Colombia a Partir de las Cifras. https://cej.org.co/wp-content/uploads/2022/03/RADIOGRAFIA-CEJ.pdf
Departamento Nacional de Planeación – DNP (2017) Índice de Acceso Efectivo a la Justicia Colombia. https://minjusticia.gov.co/transparencia/Paginas/SEJ-Acceso-a-la-Justicia-indice-acceso-efectivo-a-la-justicia.aspx
Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (2021). Boletín Técnico. Encuesta de convivencia y seguridad ciudadana (ECSC). https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/seguridad-y-defensa/encuesta-de-convivencia-y-seguridad-ciudadana-ecsc
Hernández, M. J (2022). Cinco retos en materia de justicia para el gobierno de Gustavo Petro. Dejusticia. https://www.dejusticia.org/column/cinco-retos-en-materia-de-justicia-para-el-gobierno-de-gustavo-petro/
La Rota, M. E, Lalinde, S. O., Mora, S. S., y Uprimny, Y. R. (2014). Ante la justicia. Necesidades jurídicas y acceso a la justicia en Colombia. Dejusticia. https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_665.pdf
Olarte-Bácares (2022). Desafíos para el acceso efectivo a la justicia en Colombia. En Corporación Excelencia en la Justicia, Radiografía CEJ Análisis de la Justicia en Colombia a Partir de las Cifras. https://cej.org.co/wp-content/uploads/2022/03/RADIOGRAFIA-CEJ.pdf
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2005) Manual de Políticas Públicas para el Acceso a la Justicia. Buenos Aires, Argentina: PNUD. https://inecip.org/wp-content/uploads/Inecip-Manual-Politicas-Publicas.pdf