En Colombia, más de la mitad de las personas trabajan sin contrato, sin afiliación a seguridad social, sin estabilidad laboral, pero con toda la responsabilidad de sobrevivir. Esta cuestión, deja entonces una gran pregunta en el aire: ¿quién protege a quienes nunca han tenido un contrato?

La informalidad laboral afecta a cerca del 56,8% de la población ocupada en el país, según el reciente informe del DANE para el presente año. No se trata únicamente de vendedores ambulantes o trabajos callejeros, aunque estos también hacen parte del problema. La informalidad tiene muchas caras, como trabajadores por encargo, freelancers sin contrato, empleadas del hogar sin afiliación, repartidores por plataformas digitales, jóvenes emprendedores sin respaldo ni garantías, entre otros.

Y sí… La informalidad es una forma de violencia económica que se hereda y se reproduce, y que impide a millones salir de los ciclos de pobreza. No es una elección, es la única opción para millones de personas que han sido excluidas del sistema. Jóvenes que no consiguen su primer empleo, madres que no pueden costear una guardería, migrantes que enfrentan discriminación laboral, personas rurales sin acceso a ofertas formales.

Para abrir un debate nacional que vaya más allá de una reforma normativa es importante reconocer nuevas formas de trabajo: La legislación laboral debe avanzar hacia el reconocimiento de modelos alternativos de empleo, como el trabajo autónomo protegido, las cooperativas de trabajo asociado y la economía solidaria. Esto implica diseñar esquemas flexibles, pero con derechos garantizados y fortalecer la formación política y ciudadana sobre derechos laborales. La mayoría de las personas en situación de informalidad no conocen los pocos derechos que sí les asisten y, además, están subrepresentadas en los espacios de discusión pública. Aunque existen algunas organizaciones que agrupan a trabajadores informales, su capacidad de incidencia es limitada y, en general, tienen escasa participación en las mesas de concertación.

Por otro lado, es importante construir una agenda juvenil del trabajo digno. La juventud colombiana enfrenta los mayores niveles de desempleo y precarización. Necesitamos políticas públicas que incluyan a jóvenes en la formulación de soluciones, desde programas de inserción laboral hasta apoyo a iniciativas de emprendimiento sostenible y social.

La dignidad del trabajo no puede depender únicamente de un contrato formal. Se requiere voluntad política, participación ciudadana, y un cambio profundo en cómo entendemos el empleo en un país desigual. La informalidad no es un problema menor, es el modelo laboral de la mayoría en Colombia. Si no la abordamos con soluciones estructurales, seguiremos sosteniendo una democracia donde los derechos no alcanzan a todos.

Para que esta transformación sea efectiva, es necesario dejar atrás la visión idealizada de un empresariado compuesto por grandes compañías consolidadas. En realidad, la mayoría de las unidades productivas en Colombia son pequeños negocios, en condición de informalidad, con baja capacidad operativa y escasos recursos para invertir. Por ello, las políticas públicas deben centrarse en brindar apoyo a estas microempresas, promoviendo su crecimiento, su tránsito gradual hacia la formalidad y su potencial para generar empleo con garantías. Sin un enfoque realista y adaptado a la verdadera estructura empresarial del país, seguiremos aplicando soluciones pensadas para una realidad que no corresponde a la nuestra.

Disminuir los niveles de informalidad no solo implica mejorar las condiciones laborales de millones de personas, sino que también representa una vía para impulsar la productividad, fortalecer las finanzas públicas y dinamizar el crecimiento económico del país. Por eso, enfrentar la informalidad no debe entenderse únicamente como una responsabilidad del Estado, sino como una oportunidad compartida para repensar nuestro modelo económico y avanzar hacia una sociedad más equitativa. Desde la Fundación Arcana creemos que la transformación del trabajo en Colombia debe ser también una transformación cultural y política. Sin trabajo digno para todos y todas, no hay país que avance, y mucho menos, que se reconcilie.